sábado, 14 de diciembre de 2013

LA SEGURIDAD PRIVADA CUESTA EN LAS CARCELES UN 200% MAS CARA QUE LA SEGURIDAD PUBLICA

     El ministerio del Interior ha reconocido que la nueva ley que regula el trabajo de vigilantes privados y detectives persigue, entre otras muchas cuestiones, que las empresas de seguridad privada tengan más volumen del negocio, en un sector cuya facturación está cayendo desde el año 2009. Las estadísticas que maneja el Gobierno señalan que hay margen para crecer, porque en España hay 528 policías de cualquier tipo por cada 100.000 habitantes frente los 385 de media en la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privados por 271 en Europa. 

     Con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (en el sector de la seguridad solo se repone un 10% de los puestos de trabajo que quedan vacantes) Interior quiere que muchos policías y guardias civiles dejen labores de vigilancia y salgan a las calles. De hecho, la Policía Nacional ha perdido desde 2012 unos 2.500 agentes; y la Guardia Civil otros 2.000. Lo que supone una pérdida del 3% de efectivos en los dos últimos años. 


     La primera experiencia piloto ha sido sustituir a guardias civiles y policías nacionales en las labores de vigilancia de los perímetros de las prisiones. Se empezó en 21 cárceles de toda España después del verano. El objetivo era dar empleo a unos 400 escoltas que habían perdido su trabajo en el País Vasco y Navarra por la reducción de la amenaza de ETA y liberar a policías y guardias en esas labores meramente de vigilancia. Aunque Interior no ofreció muchos detalles, una respuesta parlamentaria detalla que Interior pagará 7,39 millones de euros para que ocho empresas de seguridad den vigilancia en estas 21 prisiones durante nueve meses. En España hay 195 vigilantes por 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 271 

     El sindicato Unión Federal de Policía ha realizado un estudio analizando el dinero que recibirán las empresas privadas, los vigilantes que aportan, lo que cobrarán y lo que ganaría en su lugar el policía o el guardia civil que antes hacía este mismo trabajo. Conclusión: la seguridad privada en las prisiones es un 202% más cara que la seguridad pública. En las 21 prisiones hay trabajando unos 250 vigilantes, la mayoría exescoltas. Interior paga 3.200 euros por trabajador al mes. Según la UFP, el salario medio de un vigilante es de 1.1.00 euros al mes, por lo que el margen de las empresas es de 2.100 euros, cuando un policía-guardia civil cobra 1.600 euros por el mismo trabajo.



 Sueldos de 1.100 euros al mes 

     Hay ocho empresas de seguridad trabajando ya en las prisiones: Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa. "Da la sensación de que la nueva ley es un regalo de Reyes del Gobierno a las empresas de seguridad privada", señalan desde UFP. Un portavoz de la directiva de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a seis de las ocho empresas que están trabajando ya en las cárceles, prefiere no opinar de este estudio de la UFP sin conocerlo en profundidad, aunque descarta que el sueldo de un vigilante sea de 1.100 euros al mes: "es superior", señala. El convenio del sector, firmado en abril de este año, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. 

     Uno de los escoltas de estas ocho empresas que trabaja en una prisión explica que su jornada es de 12 horas diarias y su salario ronda los 1.350 euros al mes. De momento no trabaja armado y cree que para ser preciso con los datos la seguridad privada no es un 200% más cara que la pública. "Un escolta trabaja doce horas y un guardia civil o un policía ocho, por lo que hace falta dos agentes para cubrir el turno de un vigilante". Es decir, que los 3.200 euros que se utilizarían para pagar el sueldo medio de dos polilcías (1.600 cada uno) es lo que paga Interior a las empresas por cada vigilante que aportan. 

   De momento, los vigilantes no han sustituido a los policías, sino que son un complemento de seguridad en estos nueve meses de implantación del sistema. Está previsto que cuando pasen estos nueve meses, los vigilantes sustituyan definitivamente a los agentes.

     La patronal Aproser, que aglutina a doce empresas que controlan el 80% del negocio de la seguridad en España, informa que la facturación total del sector fue en 2011 (últimos datos) de 3.215 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. En 2010 y 2011, el 24% de los contratos procedieron del sector público, "porcentaje que descendió al 22% en 2012. Las Administraciones contratan menos y más barato", explica el mismo portavoz.

miércoles, 11 de diciembre de 2013

LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PERMITIRÁ A LOS VIGILANTES PRIVADOS CACHEAR, IDENTIFICAR Y DETENER EN LA VÍA PÚBLICA

La Ley de Seguridad Privada ha salido adelante este martes en el Congreso de los Diputados, donde se han introducido algunas novedades, como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan identificar y detener a personas en la vía pública con la autorización pertinente.



El texto pasa ahora al Senado para su aprobación, cuando han transcurrido ocho meses desde que el Gobierno aprobara el primer borrador, después de que esta mañana haya sido debatido en la Comisión de Interior del Congreso.
En total, se han introducido más de setenta enmiendas al texto, que cuenta con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural. Los que se oponen a la norma consideran que supone una preocupante "ruptura" de la concepción de seguridad pública atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La enmienda relativa a las competencias de empresas de seguridad privada permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos, con la autorización pertinente.
Unas horas después de su aprobación, el Ministerio del Interior ha explicado a través de un comunicado que, según el proyecto de Ley de Seguridad Privada, los vigilantes privados sólo podrán detener en la vía pública a quien cometa un delito y deberán ponerlo a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado.
Interior señala que los vigilantes nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias y añade que las detenciones serán practicadas sólo si la persona ha cometido el delito en el ámbito de protección del vigilante, es decir, el lugar que custodia.


PSOE e Izquierda Plural ven una tendencia a privatizar


Para el PSOE, según ha asegurado su portavoz de Interior Antonio Trevín, cuando interviene un vigilante de seguridad la "tranquilidad no es la misma", y por ello cree que la decisión supone llenar de contento a ese sector convirtiendo la seguridad privada en "una oportunidad de negocio".
Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo "de chapa y pintura" y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista ha señalado que la seguridad pública se da "por terminada". Una "línea roja" que, en opinión de Trevín, no se debe atravesar pues el actual modelo de seguridad es referente mundial.
Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, ha advertido, "irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas".
También muy crítico con la ley se ha mostrado el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde "una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad".

PNV y CiU pactan con el PP las competencias


Más satisfechos con la ley se han mostrado PNV y CiU, después de que este último pactara con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios.
"La interacción de los intereses de todos es completa", ha asegurado el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable". Como satisfactorio ha calificado el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que también ha reclamado que el Senado mejore el texto.
En concreto, el portavoz de CiU Jordi Jané ha pedido que la Cámara Alta revise "en profundidad" que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública "esté enmarcada en una subordinación". De lo contrario, ha añadido Jané, se corre el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y pública.
Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez, la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.
"La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional", ha enfatizado Márquez para quien el objetivo de la norma es "contribuir a hacer de España un país más seguro".

INDEMNIZAN A UN POLICÍA NACIONAL CON 25.000 EUROS TRAS HABER PERDIDO LA VISIÓN DE UN OJO POR UNA PELOTA DE GOMA


     La Audiencia Nacional ha indemnizado con 25.000 euros a un agente de la Policía Nacional que perdió la visión de un ojo al ser alcanzado en el rostro por una pelota de goma durante unas prácticas en las instalaciones de La Enira de Linares (Jaén).

     El agente trabajaba como instructor de tiro en unas instalaciones de Linares (Jaén)El accidente ocurrió sobre las 13.30 horas del 21 de mayo de 2008, cuando el policía trabajaba como instructor de tiro en un curso para las Unidades de Intervención Policial y fue alcanzado por la pelota de goma lanzada por los participantes en otra práctica. Como consecuencia del accidente, el agente fue ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le diagnosticó una herida abierta en el ojo derecho, con fractura de la pared orbital y de los huesos de la nariz y fue jubilado por incapacidad permanente.



     La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, considera demostrado en su sentencia el derecho del policía a ser indemnizado por mal funcionamiento de un servicio público, pues el responsable de esa segunda práctica "no tomó en consideración la presencia de otras personas" al autorizar disparos con pelotas de goma. El demandante pedía 272.262 euros Ese responsable no adoptó las medidas de precaución necesarias y "únicamente se preocupó de los participantes en su práctica", según el fallo. El accidentado, por su parte, se encontraba en ese momento custodiando el material para una práctica de desalojo, por lo que no llevaba protección alguna dado que no se trataba de una práctica operativa. El demandante perdió la visión de un ojo y tuvo que jubilarse por incapacidad permanenteEl policía recibió una pensión extraordinaria por su incapacidad causada en acto de servicio y otros 5.600 euros del seguro concertado con una aseguradora, pero los jueces le otorgan además una indemnización por mal funcionamiento del servicio público, pues está claro que sus lesiones fueron consecuencia de "la realización de unas prácticas sin adoptar todas las medidas de precaución aconsejables". Aunque el afectado reclamó 272.262 euros, la sentencia fija la indemnización en 25.000 euros según el baremo para accidentes de tráfico y teniendo en cuenta que las lesiones le incapacitan para su trabajo como policía pero no le impiden totalmente realizar otras tareas

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