martes, 1 de mayo de 2012

PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS

     Varios medios de comunicación han publicado hoy la repercusión que va a suponer la sustitución de los miembros de las FFCC de Seguridad  por Vigilantes de Seguridad en la seguridad de las cárceles españolas. Solo en las de Castilla y León este cambio afectaría a más de 430 agentes de la benemérita y a unos  50 del Cuerpo Nacional de la Policía, los cuales perderían sus destinos actuales.

     Esta "privatización" de la seguridad en las prisiones seria la solución que a dado el Ministerio de Interior a los más de 450 escoltas que perderán su trabajo por la reducción de las protecciones a personas en el País Vasco y Navarra, y una forma de compensar la reducción de plazas de nuevo ingreso en las FFCC de Seguridad (aprovechando a los agentes en servicios más operativos).

    Aunque dentro del colectivo de escoltas privados y vigilantes de seguridad aplauden la iniciativa del ejecutivo, sindicatos y asociaciones policiales , principalmente a Asociación Unificada de Guardias Civiles, critican esta decisión ya que supone incertidumbre a para el futuro de los agentes y sus familiares.

     El proyecto, aún por definir, seguiría el modelo de los aeropuertos, manteniendo el mando del servicio miembros de la Guardia Civil,  CNP ó Policías Autonómicas donde corresponda. Los vigilantes de seguridad tomarían el control de las cámaras de seguridad, los accesos y las garitas, y serian los propios agentes los encargados de instruir al personal de seguridad privada que trabaje en los centros penitenciarios.

     A nuestra opinión resulta incomprensible como el Ministerio de Interior soluciona el problema del desempleo entre los escoltas  por  la reducción de los servicios en el País Vasco y Navarra con la entrega de la seguridad de los Centro Penitenciarios españoles a las empresas de seguridad privada. La protección de estos centros conlleva una responsabilidad que tiene que asumir el estado y no la empresa privada.


     Una prisión no es un aeropuerto y aunque para ciertas empresas de seguridad esta sea una salida más que airosa a su difícil situación debido a la crisis, con la seguridad publica no se puede mercadear.

     




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